El pasado verano, la multinacional mexicana Cemex obtuvo autorización de la CARM para desarrollar un estudio minero en la zona oeste de Cartagena para los próximos 3 años, con el objetivo de saber si este territorio era viable para la extracción de puzolana, un mineral con el que se hace el cemento.
Dicho proyecto fue aprobado por la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Mineral de la CARM, y afectaba a un área aproximada de 796 hectáreas, donde Cemex pretendía desarrollar sus investigaciones en 10 puntos o catas.
El envío de escritos anunciando los trabajos a los propietarios afectados provocó el rechazo de muchos de ellos, y también asociaciones vecinales y ecologistas. ANSE participó en algunas de las reuniones convocadas por los vecinos y advirtió que el proyecto podría ser ilegal.
La Asociación denunció finalmente en septiembre que la Dirección General de Actividad Industrial y Minera de la CARM había otorgado a Cemex Expaña Operaciones el permiso de investigación para recursos de la sección C) de la Ley de Minas, puzolanas, denominada “Paola I”, ubicado en la zona oeste del Término Municipal de Cartagena, sin tener en cuenta que la mayoría de las zonas propuestas no podrían ser autorizadas según la normativa del Plan General Municipal de Ordenación Urbana actualmente en vigor.
Tras el estudio de la documentación disponible, ANSE comprobó que 7 de las 10 catas previstas en el proyecto se localizaban en suelos calificados como No Urbanizables Agrícolas (NUA), por lo que no podrían realizarse aquí actividades extractivas posteriores, salvo que se procediera a la modificación de la normativa urbanística. El PGOU actual incluye entre las actividades expresamente prohibidas en este tipo de suelos las extractivas.
Las otras 3 zonas propuestas se localizaban en áreas potenciales para la reintroducción del garbancillo de Tallante, y excesivamente próximas al Espacio Protegido, ZEPA y LIC de La Muela-Cabo Tiñoso, y al LIC Cabezos del Pericón.
ANSE remitió escritos a la Comunidad Autónoma y al Ayuntamiento de Cartagena advirtiendo de la incompatibilidad del proyecto con el Plan General, lo que provocó la reacción inmediata de la alcaldesa de Cartagena anunciando que no autorizaría las catas.
La empresa Cemex anunció a los pocos días que paralizaba el proyecto para estudiar la nueva situación, y en el mes de octubre presentaba su renuncia a seguir adelante con las catas, al considerar que la actuación era incompatible con la normativa urbanística municipal, entre otras consideraciones.
La Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera ha remitido recientemente un escrito a ANSE comunicando el archivo del expediente, e informa que los permisos de la multinacional Cemex para su investigación con fines mineros en el oeste de Cartagena han caducado, puesto que el territorio previsto para explotar está declarado como NUA, suelo no urbanizable agrícola, según el planteamiento urbanístico vigente de Cartagena, del año 1987.
