ANSE y WWF responden al ejercicio de retracto sobre la compra de Cope

Solo cuando este aprobada la normativa que garantice la protección del Parque Regional de Calnegre y Cabo Cope y su costa quedará justificado que el Cabezo de Cope pase de manos ecologistas a la Comunidad Autónoma.

A ANSE y a WWF España nos preocupa que la discusión sobre la iniciativa de tanteo y retracto por la Comunidad Autónoma en la compra de Cabo Cope por parte de la Fundación ANSE y el desmentido posterior de Sareb sobre la existencia de oferta alguna por parte de la Comunidad Autónoma nos haga olvidar el objetivo prioritario que es la protección del conjunto del Parque Regional, así como la aprobación de su Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN).

ANSE y WWF han promovido en diversas ocasiones que algunos de los enclaves más valiosos, por su biodiversidad y grado de protección, pudieran ser adquiridos por las administraciones competentes para asegurar su protección, conservación y disfrute de los habitantes de la Región y visitantes. Así se pidió también, en el caso de Cabo Cope, a la Comunidad Autónoma y al Ayuntamiento de Águilas, con quienes ANSE se reunió expresamente para pedir su compra con fondos públicos y ofreciendo su ayuda para ello. Por este motivo, el ejercicio del derecho de retracto por parte de la Comunidad Autónoma ha dado respuesta, finalmente, a nuestra primera petición para impulsar la protección de un lugar emblemático y amenazado, aunque se ha producido de una manera forzada y extraña.   

En primer lugar, nos producen desconfianza las motivaciones del Gobierno regional puesto que justifica el retracto en que ya se había producido un interés por su parte y habían realizado una oferta de compra a Sareb, mayor que la pagada por la Fundación ANSE. Por el contrario, la propia Sareb ha confirmado a las pocas horas que este hecho no se ha producido en ningún momento. En opinión de las organizaciones, sería importante la aclaración de estas afirmaciones y parecería lógico pedir explicaciones en sede parlamentaria e incluso responsabilidades si se demuestra que no existió dicha oferta formal. 

Por otro lado, nos genera una gran inquietud que este acto se produzca antes de la aprobación, al menos en su fase inicial, del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Parque Regional, y con un pleito pendiente por Iberdrola Inmobiaria para mantener el desarrollo urbanístico en terrenos del Parque. Según WWF y ANSE este proyecto debería ser rechazado públicamente por la CARM para ser coherente con el ejercicio de su derecho de tanteo y retracto en el caso de Cabo Cope. Así mismo, El Gobierno regional debería iniciar, de manera urgente, el proceso de creación de la Reserva Marina comprometida por el presidente de la Comunidad Autónoma, y como ya hemos solicitado las organizaciones.

Por último, debido a la situación económica Comunidad Autónoma, con las cuentas intervenidas y una enorme deuda pública, tenemos muchas dudas de como se va a realizar el pago para la compra de Cabo Cope, por ellos sería exigible la máxima transparencia y claridad en este asunto. También, nos preguntamos cuántas veces ha ejercido la CARM este derecho de tanteo y retracto en este y en otros espacios protegidos desde 2007, fecha de la publicación de la Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad que recoge este derecho, y si va a seguir ejerciéndolo sobre el resto de las fincas que se puedan vender proximamente dentro del Parque Regional de Calnegre y Cabo Cope, para continuar con la senda iniciada con la compra de Cabo Cope. 

En opinión de ANSE y WWF España, con la manera de actuar del Gobierno regional se ha perdido la oportunidad de trabajar conjuntamente en la conservación eficaz del espacio, de manera coordinada y colaborativa, con la opción de sumar otros terrenos a la compra realizada por una entidad de utilidad pública, la Fundación ANSE, con el apoyo de WWF, fondos de particulares y donaciones y, todo ello, en un momento de gran dificultad económica para la Región y el conjunto del Estado. 

Quedan por tanto muchas dudas antes de aceptar que las fincas adquiridas por ANSE con el apoyo de WWF pasen a manos de una Comunidad Autónoma que, paralelamente, sigue desmantelando la administración ambiental y rebajando las exigencias normativas.

Foto © V. García/ANSE

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