- La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ha rechazado todas las alegaciones solicitadas por las ONG ambientalistas de la Región de Murcia.
- Las ONG pedían ampliar a la práctica totalidad de la Región las áreas de protección como han hecho otras Comunidades Autónomas.
- La ampliación propuesta, aunque resulta importante, deja fuera zonas relevantes para el águila perdicera y el quebrantahuesos.
La Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), junto con otras organizaciones, viene pidiendo la ampliación de las áreas de protección de las aves frente a la electrocución ante diversos estamentos como la Comunidad Autónoma, la Fiscalía y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Particularmente, esta petición se ha centrado en el águila perdicera que viene padeciendo unas insostenibles tasas de electrocución principalmente en la llanura litoral de la Región de Murcia. En el periodo 2012-2020 se registraron 42 águilas perdiceras, mientras que en el periodo 2021-2022 las ONG han registrado 9 electrocuciones, auque se podrían superar los 12 casos según datos oficiales. Todo ello para una especie que tiene sólo 23 parejas en la Región de Murcia y que se encuentra en grave peligro de extinción.
Probablemente, por los motivos anteriormente expuestos, la Dirección General del Medio Natural está tramitando una Orden que ampliará las áreas de protección derivadas del RD 1432/2008, ya que las delimitadas hasta la fecha no cumplía con el RD nacional. Así, por ejemplo, no incluía “Las áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y concentración local de aquellas especies de aves incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, o en los catálogos autonómicos”. Por tanto, resulta evidente que debía incluirse una amplia extensión de la llanura litoral de la Región de Murcia comprendida entre saladares del Guadalentín y el Mar Menor. Además, la CARM estaba incumpliendo el Decreto autonómico (Decreto n.º 89/2012) que preveía la aprobación de estas zonas hace nada menos que 10 años. En dicho periodo se han electrocutado más de 50 águilas perdiceras y muchas de esas muertes podrían haberse evitado con la implementación de medidas anti-electrocución.
Por todo lo anterior, la Asociación se felicita de la tramitación de la ampliación de las áreas de protección de las aves frente a la electrocución, aunque considera insuficiente su extensión y recuerda que, en la aplicación de la Ley de Responsabilidad Ambiental, los titulares de tendidos eléctricos (compañías eléctricas, administraciones o titulares privados) están obligados a adoptar medidas para que sean seguros para las aves. Durante la tramitación, la Orden ha sido sometida a información pública en la cual diversas organizaciones ambientales y sindicales (ADENSVA, ANSE, STIPA, Ecologistas en Acción y CCOO) han presentado alegaciones. Igualmente, Iberdrola, compañía encargada de la distribución de la energía en la Región de Murcia, también ha presentado alegaciones, obviamente intentando evitar la ampliación, lo que pone en entredicho su compromiso medioambiental.
Recientemente, la Dirección General del Medio Natural ha respondido a las alegaciones no aceptando ninguna de ellas, lo que evidencia la falta de voluntad de realizar procesos de participación pública creíbles y menoscabando la calidad democrática de los mismos que se tornan inútiles. Conviene recordar que las Organizaciones ambientales han abandonado diversos Consejos Asesores y organismos de participación por su manifiesta inutilidad y baja calidad democrática. Además, en la respuesta a las alegaciones se incluyen diversas incoherencias y se realizan diversas afirmaciones que no son ciertas y que pasamos a detallar.
Áreas importantes para el águila perdicera quedará fuera de la Orden
En primer lugar, se obvian las áreas de dispersión del águila perdicera en la Región de Murcia obtenidas por el proyecto LIFE Bonelli y Aquila A-LIFE basadas en el marcaje de 255 águilas perdiceras de toda España, y se responde con el marcaje de un sólo ejemplar de Cabo Tiñoso. La DGMN confunde las áreas de dispersión o concentración local previstas por el RD 1.432/2008 con los movimientos de dispersión o migratorios de un sólo ejemplar. De esta forma, quedarán fuera de la Orden zonas como el entorno de los Cabezos del Pericón y las Victorias, piedemonte norte de Carrascoy, etc. que son usados por la especie y donde la Comunidad Autónoma ha registrado accidentes.
La Comunidad Autónoma renuncia a proteger el quebrantahuesos
Igualmente, la CARM renuncia, tal y como pedía ANSE, a proteger la incipiente recolonización del Quebrantahuesos en las montañas compartidas entre Albacete y Noroeste de Murcia. Así el entorno de las montañas de Villafuerte, Revolcadores, etc. fuera de la Red Natura no serán zona de protección. Lo más sorprendente es la respuesta remitida por la Consejería, que incluye un mapa con posiciones GPS de Quebrantahuesos identificndo claramente una zona de especial relevancia para la especie en las montañas del Noroeste de la Región de Murcia.
Matar águilas perdiceras sale gratis
Por otro lado, en su respuesta, la CARM realiza afirmaciones incorrectas al indicar que “En todos los casos de electrocución y colisión se abre un expediente sancionador y se insta a la subsanación de las deficiencias a los titulares de las líneas para evitar futuros daños”. Sin embargo en un escrito del pasado verano, la Dirección General de Medio Natural reconoció a la Asociación que “desde inicios del 2019 hasta el momento de la firma de la presente contestación no se han iniciado expedientes sancionadores respecto de posibles electrocuciones de ejemplares de Águila Perdicera”.
La respuesta no aborda ni el encaje jurídico, ni la falta de transparencia
Finalmente, la Dirección General del Medio Natural ha rechazado las cuestiones relativas al encaje jurídico de la Orden en relación a la Ley de Responsabilidad Ambiental y evita entrar a la falta de transparencia sobre el asunto. De hecho, la Asociación ha reclamado al Consejo de la Transparencia datos sobre el seguimiento de la mortalidad ante la negativa de la administración pública de entregar la citada información.
