ANSE ha presentado alegaciones al Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) que pretende la continuidad de la actividad extractiva para sendas canteras a cielo abierto junto a la aldea de montaña de Arroyo Tercero, denunciando que el documento está caducado, oculta antecedentes esenciales y pretende convalidar obras ejecutadas ilegalmente durante más de 30 años en una zona de alto valor ecológico.
Las instalaciones se encuentran a menos de 500 metros del núcleo de población de Arroyo Tercero y afectan de lleno al ámbito de la ZEC «Sierra de Villafuerte» y a yacimientos de arte rupestre catalogados como Bien de Interés Cultural (BIC).
La Asociación ha presentado un bloque de alegaciones al expediente de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) relativo al proyecto de continuidad de explotación minera (canteras «Alba» y «Sabinar») situado en el entorno de Arroyo Tercero (término municipal de Moratalla), solicitando formalmente a la administración competente la inadmisión y el archivo definitivo del expediente, así como la apertura inmediata de expedientes sancionadores por los graves daños ambientales ocasionados en el espacio protegido.
La asociación ya denuncio hace 25 años ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas el impacto de estas canteras sobre los ecosistemas de montaña.
Un cúmulo de irregularidades procedimentales: caducidad y fraude de ley
ANSE denuncia en sus alegaciones que el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) aportado por el promotor data del mes de junio de 2016, por lo que ha decaído de forma manifiesta en su vigencia y validez jurídica al superar ampliamente el plazo legal de un año establecido por la Ley 21/2013 de evaluación ambiental.
Uno de los aspectos más graves es que el expediente encubre bajo la apariencia de una prórroga una actividad extractiva parcial o totalmente ejecutada desde hace más de 30 años sin la preceptiva evaluación previa, vulnerando frontalmente el carácter prohibitivo de la legislación ambiental y constituyendo un auténtico fraude de ley para convalidar obras al margen de la legalidad.
ANSE ha puesto de manifiesto la absoluta insuficiencia y precariedad del EsIA, que carece de elementos fundamentales exigidos por la ley.
El promotor reconoce desconocer los niveles de inmisión de partículas, lo que impide evaluar el impacto real sobre la salud de los vecinos de Arroyo Tercero (ubicados a menos de 500 metros) y sobre los hábitats de la ZEC «Sierra de Villafuerte» (Red Natura 2000).
El documento técnico obvia por completo la valoración de afecciones en un entorno próximo a yacimientos de arte rupestre catalogados como Bien de Interés Cultural (BIC), incurriendo en un fraccionamiento inadmisible de la información ambiental.
El estudio elude un análisis pormenorizado de vulnerabilidad ante catástrofes (inestabilidad de taludes, uso de explosivos o incendios forestales) y despacha la «Alternativa Cero» sin prospección científica sobre la recuperación natural de los hábitats protegidos.
Por si todo esto fuera poco, el plan omite la integración y restitución de numerosas actuaciones lesivas y presuntamente clandestinas —como acopios, pistas y vertederos ilegales— ejecutadas en el seno de la Red Natura 2000.