Organizaciones sociales abandonan el Consejo Asesor de Medio Ambiente por su manifiesta inutilidad

Consideran que el Gobierno Regional trata de evitar el pronunciamiento del CARMA en determinadas normativas y problemas ambientales, como el ARCA, la Ley de Aceleración Empresarial, el Mar Menor o la contaminación por metales pesados y residuos rediactivos.

Muestran su preocupación y descontento por la deriva de este órgano consultivo en los últimos años, y solo volverán a participar si el Gobierno Regional se toma en serio sus funciones y la participación social.

Organizaciones sociales, ambientales y sindicales anuncian que renuncian a participar en el Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente en las actuales condiciones de incumplimiento y banalización del mismo. Recuerdan que llevan años instando al Gobierno Regional a respetar el reglamento de funcionamiento del CARMA, y que no sólo se convoque en tiempo, forma y frecuencia, sino que se cumplan las funciones consultivas y de participación pública para las que se creó.

Para las organizaciones salientes, hace años que el CARMA ha perdido relevancia, debido a que los sucesivos gobiernos regionales lo han desprovisto de contenido y de peso en la toma de decisiones, reuniéndolo solo en contadas ocasiones para cumplir algún trámite de escasa relevancia.

En este sentido, critican que la mayoría de las normas legales aprobadas en la última década con repercusión en medio ambiente se han tramitado como propuestas del Grupo Parlamentario del Partido Popular en la Asamblea Regional, en un uso muy discutible de un trámite concebido como medida excepcional para casos muy justificados, lo que le permite esquivar el pronunciamiento de órganos consultivos como el CARMA o el Consejo Jurídico, además de evitar el debate y participación públicas con garantías y transparencia del texto legal.

La consecuencia de esta estrategia son leyes a la carta de intereses privados, que obvian el interés general y la protección ambiental, y con muchas “zonas grises” a nivel legal, en las que es más fácil “sortear las restricciones de la protección ambiental”, y que podrían ser rebatidas por el Tribunal Constitucional, como ya ha ocurrido en el pasado reciente, sembrando la inseguridad jurídica.

Las organizaciones ven con preocupación como se ha ido incrementando exponencialmente la influencia del sector empresarial en la tímida política ambiental del gobierno regional, llevando al desmantelamiento progresivo tanto de la administración como de la legislación ambiental, en contra del interés general de la ciudadanía y del medio ambiente. Los ejemplos más recientes y graves son el proyecto de ARCA y la Ley de Aceleración Empresarial.

Por eso, han decidido dejar de participar en el CARMA, para no legitimar reuniones de un órgano consultivo en las que no se decide nada y se evitan pronunciamientos oficiales sobre cuestiones cruciales para el Medio Ambiente, como el estado del Mar Menor o la situación de la contaminación por metales pesados y residuos radiactivos, poniéndose más énfasis en evitar poner en aprietos al equipo de Gobierno Regional que en cumplir las funciones por las que se creó dicho órgano consultivo.

Para terminar, anuncian que no volverán a acudir a las reuniones del CARMA, hasta que el Gobierno Regional deje de actuar bajo el mandato de parte del sector empresarial, y se tome en serio la necesidad de preservar el Medio Ambiente del que todos dependemos, así como la necesaria participación social, entre otras cosas dotando de contenido y relevancia al CARMA, y tramitando la legislación ambiental de manera ordinaria, sin utilizar atajos que eviten el servicio al interés público de la ciudadanía, y la plena seguridad jurídica.

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