La plataforma por un nuevo PGOU en Cartagena se declara en contra de la Ley de Aceleración Empresarial y de la Proposición de Ley de creación de la Agencia Regional de Clima y Medio Ambiente (ARCA). Creemos que debería de haber dos principios básicos que se han olvidado, la estabilidad regulatoria y la garantía de un entorno saludable y equilibrado sobre el que desarrollar cualquier actividad.
Porque no pensamos que la sociedad, ni siquiera su tejido empresarial, salga beneficiada de que se legisle en el secretismo, sin contar con los servicios jurídicos y bajo amenazas de la oposición de acudir al tribunal constitucional. Este contexto no animará a inversores de fuera de la región, pero tampoco será plato de gusto para aquellos empresarios que han sido escrupulosos en el cumplimiento de la ley y ven cómo se recompensa a quien no lo ha sido con una amnistía, porque cumplir la ley no sale gratis para una empresa e incumplirla debe salir mucho más caro.
Esta ley abre tres nuevas vías para seguir agrediendo a la planificación urbanística: rebajas a las sanciones para actividades sin licencia, la figura de licencia provisional de actividad, que permite regularizar actividades fuera de ordenamiento mediante la modificación de los planes, y la posibilidad de aprobar normas transitorias sin evaluación ambiental. No entendemos el esfuerzo de realizar PGMO que ordene el territorio si este se va a parchear según intereses económicos particulares por una u otra vía. Creemos que esta ley introduce un escenario donde el territorio no se piensa como un espacio de vida compartido, sino como un espacio de negocio y para ello se va adaptando la normativa.
También rechazamos la aparición de la Agencia Regional del Clima y Medio Ambiente (ARCA), un ente mixta que introduce a la CROEM a velar por el medio ambiente de la región. Creemos que para acortar los plazos en la tramitación medioambiental serían necesarios más recursos para la dirección general de Medio Ambiente, pero la situación que sufrimos en nuestra comarca con el medio ambiente provocada por empresarios mineros, industriales, turísticos y agrícolas, entre otros, nos provoca un rechazo frontal a que sean los propios empresarios quienes controlen el cumplimiento de la normativa medioambiental.
Desde el ámbito del municipio de Cartagena, entendemos esta ley como uno más de la serie de despropósitos en materia de ordenación urbana, en este caso para para intentar dar validez a las Normas Transitorias que serán anuladas, por no incluir la prescriptiva evaluación ambiental estratégica que la ley 21/2013, de carácter estatal, exige para cualquier instrumento de planeamiento. Por eso seguimos pensando que la única salida razonable al ordenamiento del municipio de Cartagena es impulsar el nuevo PGMO.
Los miembros de la Plataforma por un nuevo PGOU que suscriben esta nota de prensa son:
- Observatorio Ciudadano Municipal de Cartagena (OCMCt)
- Federación de Asociaciones de Vecinos y Consumidores de Cartagena y Comarca (FAVCAC)
- Colectivo Carmen Conde
- Asociación por la Defensa del Patrimonio de Cartagena (ADEPA)
- Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE)
- Asociación Rascasa
- Asociación para la Defensa del del entorno natural de La Azohia (ADELA)
- Asociación-Movimiento Vía Libre Cartagena
- Ecologistas en Acción Murcia
- Asociación de Afectados por los Servicios Públicos de Cartagena (ASEPUCAR)
- Asociación para la protección de Cabo de Palos (PROCABO)
- Convergencia Cívica de Cartagena y Comarca
