25 de mayo de 2012
Diversas asociaciones naturalistas y de juristas ambientales advierten de las consecuencias adversas para los intereses generales si continua el proyecto urbanizador de La Marina de Cope.
Recientemente hemos presenciado otra oleada de noticias para tratar de mantener las expectativas del llamado proyecto estratégico de Marina de Cope, donde sus promotores reiteran públicamente su discutible interpretación del interés general. Desde una visión basada en experiencias anteriores y sus consecuencias reales, imposibles de ocultar hoy a la sociedad, se enmascara un interés puramente especulativo que podría agravar más aún el estado de las arcas regionales. Así es, por ignorar las continuas advertencias de colectivos civiles y profesionales, podríamos llegar a un escenario de paralización judicial ante la presunta ilegalidad del proceso de desprotección y recalificación de este territorio, que hasta el año 2001 fue parte de un parque regional costero, pendiente tan sólo de la aprobación definitiva del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN). Pero, para sorpresa de todos, el Gobierno Regional optó por desproteger 2.000 hectáreas del futuro Parque para permitir el desarrollo urbanístico aprobado posteriormente, y aún hoy estamos a la espera de que dicho PORN sea aprobado definitivamente.
En un momento de continuos sacrificios sociales, no cabe continuar con las políticas desarrollistas del sector inmobiliario, cuyo fracasado modelo económico se ha evidenciado como la principal causa de la inestabilidad financiera y la falta de credibilidad internacional. Los organismos públicos murcianos no pueden continuar promoviendo la ocupación urbanística de espacios naturales y paisajísticos singulares para destinarlos al turismo de sol y playa, en contra de todos los criterios de turismo sostenible, integración de la población y creación de empleo estable y de calidad que marca Europa. Creemos que la actual situación económica y social hace necesaria una completa revisión de los planes estratégicos, obligando a una separación de los «intereses generales» de los «intereses inversores», que benefician rápidamente a sus promotores únicamente, perjudicando gravemente a la sociedad en su conjunto a medio plazo.
Dudamos de la legalidad de los informes que permitirían la viabilidad del proyecto, y estamos deseando que el Tribunal nos envíe los expedientes para poder rebatirlos, junto a otros defectos de forma. Destacamos la total inconveniencia de reclasificar unos terrenos mientras el Tribunal Constitucional no se pronuncie acerca de la legalidad de la desaparición del Parque, ya que estamos hablando de posibles compensaciones multimillonarias a favor de los grandes propietarios si el proceso fuera anulado; nos veríamos ante una situación similar, pero de una magnitud mucho mayor, a lo acontecido con el Yacimiento de San Esteban, donde el erario público, es decir, todos los murcianos, hemos tenido que indemnizar a los promotores de un aparcamiento con seis millones de euros. Los ciudadanos tienen que entender que parte de sus impuestos pueden terminar pagando a los promotores por la actitud irresponsable del gobierno al no esperar al pronunciamiento de la justicia, y esto significaría menos dinero cuando tenga que ir a un hospital o graves carencias en el colegio de sus hijos.
PROLITORAL, plataforma de asociaciones que aglutina a vecinos y ecologistas, mantiene recurridos la AIR (Actuación de Interés Regional) y la Modificación de los Planes Generales de Águilas y Lorca. Ahora recurriremos esta vía libre, que no es otra cosa que la toma de conocimiento de un texto refundido de dichas modificaciones donde se supone que se subsanan todos los defectos.
Pero aún queda mucho camino por recorrer para la colocación de la primera piedra y vamos a continuar recurriendo los procesos legales que se aprueben, divulgando alternativas de desarrollo más justas con la población local y los pequeños propietarios. Seguiremos impulsando los modelos realmente sostenibles para la sociedad y para el medio natural, que son una realidad en otros territorios que han sabido gestionar sus espacios naturales protegidos y rescatar la economía local genuina. Una economía real de «abajo hacia arriba», que actúa como foco de atracción para un turismo no estacional, respeta el medio ambiente y que tiene hoy en sus habitantes locales a sus mayores defensores y beneficiarios.