Las organizaciones ecologistas exigen al banco de España que ponga fin a los proyectos irresponsables de la CAM y HANSA Urbana

La entrada de fondos públicos para “salvar” la CAM, que será aún mucho mayor de lo previsto inicialmente, debe servir para poner fin a su huida hacia adelante

Las organizaciones ecologistas ANSE[1], CEMDA[2], Ecologistas en Acción y Greenpeace han vuelto a reclamar al Banco de España que investigue a fondo las relaciones entre la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y la promotora Hansa Urbana, y que ponga fin a los proyectos inmobiliarios y turísticos de esta empresa respaldados financieramente por la CAM.

En el mes de julio de este año, y ante la caótica situación de la CAM, la entidad fue intervenida por el Banco de España, que relevó a su cúpula directiva y nombró a tres interventores para proceder al estudio de sus cuentas y a su saneamiento mediante la inyección de fondos públicos. El objetivo es el saneamiento para proceder posteriormente a la subasta.

Desde que los interventores comenzaron su trabajo, los medios de comunicación no han dejado de publicar información sobre la nefasta gestión llevada a cabo en esta caja de ahorros, y que incluye desde créditos voluminosos y a interés cero a sus directivos (120 millones), hasta inversiones ruinosas como la del Parque temático Terra Mítica, o una elevadísima tasa de sobre-exposición al “ladrillo” en forma de inversiones y créditos a empresas inmobiliarias y constructoras, ahora de muy difícil recuperación. Otro ejemplo es que, sólo dos días antes de su intervención, la CAM aprobaba un nuevo préstamo por 200 millones a la Generalitat Valenciana. La CAM perdió 1.136 millones de euros en el primer semestre de 2011.

Ante esta situación, la entrada de capital público tendrá que ser muy superior a los 2.800 millones de euros del FROB inicialmente previstos, ya que la incertidumbre está llevando a que sean muy escasas las ofertas presentadas para quedarse con la entidad. Así, el Banco de España se ha ofrecido a asumir la mayor parte de las pérdidas futuras en el Esquema de Protección de Activos. Y cuando esto tampoco ha sido suficiente, ha anunciado que las entidades no tendrán que tener capital en sus balances para cubrir la morosidad en el ladrillo, que también será asumida con fondos públicos (el 80% de los primeros 2.500 millones que aparezcan y el 90% del resto). Todo ello significa unos 7.000 millones, de los que unos 4.200 son proporcionados a fondo perdido incluso aunque logre venderse la Caja.

En este contexto, las organizaciones ecologistas denuncian las relaciones de la CAM con Hansa Urbana, empresa promotora inmobiliaria y turística y envuelta en numerosos proyectos de dudosa legalidad y alto impacto ambiental, tanto en España como en México.

En la Región de Murcia, Hansa Urbana es propietaria mayoritaria e impulsora de tres grandes desarrollos urbanísticos y planes parciales que, en conjunto, supondrían la construcción de unas 20.000 viviendas, en los proyectos de Novo Carthago (Cartagena, Mar Menor), Puerto de Mazarrón y Puntas del Calnegre (Lorca). “La empresa es, muy posiblemente, la mayor propietaria de suelo residencial en las planicies costeras de la región, y todos sus proyectos se localizan en el límite de zonas protegidas (aunque la mayoría están ahora paralizados por problemas legales y por el desplome de la burbuja inmobiliaria)”, señala Pedro García, de ANSE.

En México, su proyecto más controvertido es Cabo Cortés, un macro-proyecto inmobiliario y turístico que la empresa planea construir en Baja California Sur. Cabo Cortés tiene un tamaño previsto prácticamente igual al conjunto de Cancún, y su ubicación limita con el Parque Nacional Marino de Cabo Pulmo, un área protegida desde 1985 y que ha sido incluida en la lista del Patrimonio Natural de la Humanidad de la UNESCO. “Durante su tramitación se han producido numerosas irregularidades y tenemos que seguir denunciando que viola claramente la normativa medioambiental mexicana”, denuncia Agustín Bravo, de CEMDA.

La CAM es propietaria del 30% de Hansa Urbana, pero al mismo tiempo la empresa mantiene con la CAM una deuda que diferentes medios de comunicación han estimado que podría oscilar entre 700 y 800 millones de euros. Por otro lado, en el año 2009 la CAM realizó dos inversiones correspondientes a Hansa Urbana en México: 1,3 millones de euros en Hansa Cabo (en la que la CAM tiene una participación del 42,29%), y 574.000 euros en Hansa México con una participación del 20%). La Caja, por tanto, está participando en las inversiones de Hansa en México. “El Banco de España tiene que investigar estos vínculos y poner fin a estos proyectos, que no son sostenibles ni en términos sociales ni medioambientales”, reclama Alejandro Olivera, de Greenpeace.

Las organizaciones ecologistas quieren recordar al Banco de España que en su análisis de las irregularidades contables de la CAM ha de incluirse su relación con Hansa Urbana y con estos nefastos proyectos en España y en México, tomando medidas para que estos planes irresponsables no sigan adelante bajo ningún concepto. Y menos aún, cuando esas irregularidades van a obligar a inyectar grandes cantidades de fondos públicos, muchos más de los que estaban previstos, para “salvar” la entidad y poder sacarla a subasta. “Estos proyectos son una locura incluso cuando están impulsados por la iniciativa privada. Pero el uso de los impuestos de los ciudadanos para sanear a empresas irresponsables y permitirles continuar en su huida hacia adelante ya sería completamente inadmisible”, ha señalado Carlos Arribas, de Ecologistas en Acción.

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