Los nuevos Planes de cuenca que el Consejo de Ministros pretende aprobar en bloque, y que marcarán el futuro de la gestión de las aguas y de los ríos hasta el año 2021, suponen un duro golpe para la sociedad. Al olvidar el cuidado y la recuperación de los ríos, los humedales y los acuíferos subterráneos, los planes ponen en riesgo la disponibilidad de agua en cantidad y calidad,tanto en el momento actual como en el futuro. Todas las organizaciones ambientales y sociales presentes en los Consejos del Agua de las Demarcaciones Hidrográficas intercomunitarias (las que afectan a varias CCAA) no han tenido más remedio que plantarse frente a los nuevos planes en el próximo Consejo Nacional del Agua. Las organizaciones piden a la Ministra Isabel García Tejerina que no apruebe la versión actual de los planes, porque incumplen la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea, pone en riesgo la asignación de fondos europeos a nuestro país y suponen un peligro para los servicios vitales que los ecosistemas acuáticos sanos prestan a la sociedad.
El Gobierno presentará en el Consejo Nacional del Agua del próximo 30 de septiembre los Planes Hidrológicos de las cuencas intercomunitarias correspondientes al segundo ciclo de planificación, 2016-2021. Todas las organizaciones ambientales y sociales que forman parte de los Consejos del Agua de las Demarcaciones que afectan a más de una Comunidad Autónoma coinciden en que los Planes Hidrológicos presentados siguen sin incorporar los cambios imprescindibles respecto a los actualmente vigentes, e incumplen una vez más con los requerimientos y los objetivos de alcanzar el buen estado de los ríos, lagos y acuíferos, que exige la Unión Europea a través de la Directiva Marco del Agua (DMA).
Los Planes Hidrológicos presentados han perdido la oportunidad de aplicar la DMA y de terminar con el desgobierno y descontrol del uso del agua en España. Con esto no solo se pone en peligro la salud de los ecosistemas acuáticos, sino sobre todo la capacidad para asegurar agua en cantidad y calidad suficiente para la sociedad y las generaciones futuras. Las herramientas que plantea la DMA exigen un cambio de mentalidad que las administraciones del agua en España (confederaciones hidrográficas) se resisten a realizar. El agua es un bien público y, por tanto, la planificación debe atender al interés de la sociedad en su conjunto, pero los nuevos planes se centran en seguir sirviendo a determinados intereses particulares desoyendo conscientemente el artículo 45.2 de la Constitución Española.
Esta mala gestión del agua en España en las últimas décadas es muy significativa en espacios emblemáticos de importancia internacional asociados a los ríos y acuíferos, como Doñana, las Tablas de Daimiel o el Delta del Ebro, pero no se queda ahí. Lo realmente grave es que -según se reconoce en los propios planes-, ha llevado a un mal estado ecológico en más de la mitad de los ríos, lagos y acuíferos (masas de agua). Lejos de corregir esta tendencia, los Planes Hidrológicos propuestos para el segundo ciclo nuevamente suponen una amenaza y una apuesta firme por aumentar el deterioro.
Los representantes de las organizaciones ambientales exigirán al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en el Consejo Nacional del Agua que atienda a su responsabilidad de evitar que los planes se aprueben sin eliminar nuevas infraestructuras y sin reconducir las medidas previstas en los Planes hidrológicos para contribuir a los objetivos del buen estado de los ecosistemas acuáticos que exige la DMA. Al incumplir las recomendaciones de la Comisión Europea sobre Planificación Hidrológica, España está poniendo en riesgo los Fondos que se contemplan en el Acuerdo de Asociación con la UE y está desperdiciando una nueva ocasión de mejorar la salud de los ecosistemas acuáticos y la calidad de las aguas en España.
