Condenan a prisión a altos cargos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por el caso Zerrichera

Nota de prensa de ANSE y Ecologistas en Acción: 22 de diciembre de 2017.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia ha dictado el día de hoy condena de dos años de prisión por falsedad documental y siete años de inhabilitación por prevaricación a Antonio Alvarado, ex director general de Calidad Ambiental, dos años de prisión por falsedad documental y cinco años de inhabilitación por prevaricación a Juan Ignacio Sánchez Gelabert, exjefe del Servicio de Calidad Ambiental, y cinco años de inhabilitación especial para cargo o empleo público por prevaricación a Encarna Muñoz Martínez, ex directora general de Medio Natural, por su responsabilidad directa en la recalificación de suelos del paraje de La Zerrichera (t.m. Águilas. Región de Murcia).

La ZerricheraAunque la sentencia absuelve a Manuel Alfonso Guerrero, ex director general de Vivienda y Urbanismo, y José María Ródenas Cañada, ex subdirector general de Vivienda y Urbanismo, las organizaciones ANSE y Ecologistas en Acción han mostrado su satisfacción por la resolución judicial, que demuestra que las decisiones tomadas por los responsables de la Comunidad Autónoma fueron delictivas, como denunciaron en su día ante la fiscalía.

La Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) y Ecologistas en Acción emprendieron diferentes acciones legales desde el año 2005, tanto recursos ante la administración autonómica y el Tribunal Superior de Justicia, como denuncias ante la unión Europea y la Fiscalía de Murcia, que obligaron al gobierno del expresidente Valcárcel, a dar marcha atrás a la aprobación de una urbanización.

 

La recalificación de suelos fue impulsada por el Grupo Hispania en una finca de unas 240 has del término municipal de Águilas (La Zerrichera), y pretendía la construcción de 4.700 viviendas, hoteles y campo de golf en el interior del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de La Almenara, Moreras y Cope, afectando sensiblemente a hábitats de interés comunitario (prioritarios y no prioritarios), y especies de interés comunitario como el Águila perdicera, el Halcón peregrino, el Búho real y la Tortuga mora.

Las organizaciones se preguntan ahora, ¿qué diría el expresidente Valcárcel de aquella afirmación realizada en el año 2005 en la Asamblea Regional?: “Con los papeles en la mano demuestro aquí y en Sebastopol que se cumple la Ley en el proceso de recalificación de La Zerrichera”. Fue la respuesta del presidente Ramón Luís Valcárcel a las críticas de los grupos políticos de la oposición en la Asamblea Regional en pleno debate por la recalificación de suelos dentro del espacio protegido.

ANSE y Ecologistas en Acción consideran que

“la sentencia condenatoria por la recalificación de La Zerrichera demuestra que la acción responsable de las organizaciones ciudadanas ha podido paralizar grandes atentados contra los espacios naturales, a pesar del apoyo del Gobierno Regional dentro de una política disparatada de excesivo desarrollo urbanístico. Además, respalda la profesionalidad de muchos técnicos de la administración regional, que no se han doblegado a las presiones para realizar informes favorables a proyectos contrarios a la conservación de la naturaleza”.

Paradójicamente, la sentencia condena finalmente a cargos intermedios de las consejerías que tramitaron la recalificación de suelos. Ni los máximos responsables de las consejerías que aprobaron la urbanización ni el mismo expresidente de la Comunidad Autónoma, que defendió la legalidad de la misma en la cámara parlamentaria, asumieron nunca su responsabilidad en el que ha supuesto uno de los casos más emblemáticos de corrupción urbanística en el Sureste de España.

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