La Dirección General de Medio Ambiente ha remitido una carta a la Asociación de Naturalistas del Sureste en la que se informa de que las autorizaciones de captura de fringílidos se adaptarán a las Directrices elaboradas recientemente por el Ministerio de Medio Ambiente. Estas directrices dan la razón a los grupos conservacionistas en la mayor parte de sus argumentos. Diferentes asociaciones venían denunciando desde 2003 que las autorizaciones suponían un incumplimiento de la legislación estatal y comunitaria.

Según los datos oficiales del Ministerio de Medio Ambiente se autorizan anualmente la captura de medio millón de fringílidos (jilgueros, pardillos, verderones, verdecillos y pinzones) para mantener una afición conocida como silvestrismo (mantenimiento de aves silvestres en cautividad), aunque SEO/BirdLife estima que el número real de capturas supera el millón. Sin embargo, la Directiva Aves impide la captura de aves, salvo aquellas de interés cinegético. Para autorizar la captura de estas pequeñas aves, las Comunidades Autónomas vienen recurriendo año tras año y de forma incorrecta al régimen de excepciones previsto en la Directiva Aves. El Ministerio de Medio Ambiente, junto a las comunidades autónomas, han aprobado unas Directrices que vienen a dar la razón a lo expuesto por los grupos conservacionistas y que deberían acabar con la captura masiva de fringílidos en España.

Por ello, la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) remitió una carta a la Directora General de Medio Ambiente solicitando la adaptación de la resolución para la captura de fringílidos en la Región de Murcia a las Directrices del Ministerio. Entre otras cuestiones, las Directrices sólo permiten la captura en ausencia de otras soluciones alternativas (entendiendo que la cría en cautividad es una alternativa a tener que capturar aves silvestres), no permite autorizar el uso de liga (pegamento) por ser un método no selectivo que daña el plumaje de las aves y no permite la captura durante el periodo reproductor, tal y como ha venido ocurriendo hasta la fecha en la Región de Murcia. Además, ANSE viene denunciando que las resoluciones no se han hecho públicas, tal y como exige el apdo. 3 del artículo 58 de la Ley 42/2007.

En la respuesta de la DGMA, la Directora General informó a ANSE que “está previsto modificar las autorizaciones para la captura de aves fringílidas en la Región de Murcia para adaptar su contenido a las citadas Directrices, elaboradas de común acuerdo entre el Estado y las Comunidades Autónomas”. Asimismo, la carta se refiere a la liga y a las redes verticales como “métodos no selectivos”, a pesar de que se han venido autorizando años anteriores en contra del criterio de los grupos conservacionistas.

ANSE y SEO/BirdLife se alegran que la Administración Regional pretenda seguir las directrices del Ministerio y aprobadas por todas las comunidades autónomas, pero le recuerda que estas directrices solo son de aplicación si se acredita previamente “que no existe una solución alternativa satisfactoria a la captura para evitar los efectos negativos de la consanguinidad, como por ejemplo, el intercambio de aves entre los criaderos, puede autorizarse dicha captura”, y que como no puede ser acreditado, ya que en Europa hay millones de aves en cautividad, no puede autorizar más capturas de aves silvestres. Por otra parte, las ONG lamentan que la Dirección General de Medio Ambiente siga manteniendo en su carta que las resoluciones “han sido accesibles al público” cuando ni siquiera han sido presentadas al Consejo Asesor de Caza y Pesca. Tampoco se ha obtenido respuesta a las solicitudes de información que se han realizado amparadas en el derecho de acceso a la información medio ambiental.

Según las ONG, el futuro del silvestrismo es obtener las aves de la abundante cría en cautividad que se lleva a cabo en Europa y solicita a la Dirección General que busque fórmulas para favorecer a los silvestristas que no pasen por autorizar capturas de aves silvestres que son a todas luces ilegales.

Autorizaciones en la Región de Murcia (ver) (La Comunidad Autónoma debería haberlas hecho públicas)

Enlace de 2003 con los planteamientos de los grupos conservacionistas (ver)

Directrices del MARM (ver)

Voluntarios de la Asociación de Naturalistas del Sureste y de la Universidad Politécnica de Cartagena han procedido a la plantación de 200 ejemplares de sabina de las dunas (Juniperus turbinata) en los arenales de Lo Poyo (Cartagena). La planta ha sido cedida por Vivero Muzalé y viene a reforzar la plantación realizada hace una década por ANSE.

Voluntarios de ANSE y de la UPCT han procedido esta mañana a la plantación de 200 sabinas de las dunas (Juniperus turbinata) en la zona de Dominio Público Marítimo Terrestre de los arenales de Lo Poyo (Cartagena). Los plantones han sido producidos por viveros Muzalé, a partir de los 8 ejemplares adultos existentes en los arenales de San Pedro del Pinatar.

Según los textos históricos, la sabina de las dunas formaba bosques en las dunas de La Manga, asociada a especies de árboles y arbustos como enebros, lentiscos y palmitos entre otras, si bien en la actualidad es una especie muy escasa en nuestra Región, donde está catalogada como “En Peligro de Extinción” por el Decreto 50/2003. En fechas recientes se han realizado diversas plantaciones con esta especie en diferentes puntos del litoral de la Región de Murcia, como Las Amoladeras (Ecologistas en Acción), San Pedro del Pinatar (Comunidad Autónoma y ANSE) o el propio Lo Poyo (ANSE) hace una década (Más info)

La Asociación ha realizado la plantación con el objetivo de llamar la atención por el mal estado de conservación de este espacio y por la ausencia de medidas de conservación efectivas. En este sentido, ANSE reclama la aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de los Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor, que arrastra una interminable tramitación, así como la aprobación del Plan de Conservación de la sabina de las dunas, que al igual que los de otras muchas especies de flora y fauna amenazadas de la Región se encuentra redactado pero pendiente de aprobación.

ANSE llama la atención porque aún hoy permanezcan actuaciones como la apertura de canales de drenaje entre las antiguas salinas de Lo Poyo y el Mar Menor, destinadas a evitar los encharcamientos invernales y la presencia de aves acuáticas, y que están evacuando el agua acumulada tras las últimas lluvias. Por contra, extensas formaciones de carrizal han colonizado las zonas roturadas por los antiguos propietarios de la finca de Lo Poyo en el entorno de las antiguas salinas, y que fueron paralizadas tras las denuncias de ANSE.

Las acciones han contado con autorización de la Demarcación de Costas en Murcia y de la Dirección General de Medio Ambiente.

Ejemplar de zanahoria marítima (Echinophora spinosa) @José Antonio López Espinosa

Miguel Ángel Ruiz nos deleita con otro de sus artículos que nos muestra la difícil situación a la que se enfrentan las plantas de las dunas en la Región de Murcia.

Como muestra el caso expuesto, ni siquiera las especies protegidas por la ley, situadas en dominio público dentro de un espacio protegido tienen su conservación garantizada.

Leer la noticia de La verdad y otros peligros a los que se enfrentan las plantas de las dunas.

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“ANSE denuncia la destrucción de un 25 % de la única microrreserva de flora propuesta en La Manga, y la construcción de más de 60 apartamentos junto al Parque Regional, LIC y ZEPA Salinas y Arenales de San Pedro por Polaris World”.

Urbanizan una zona dunar propuesta como microrreserva de flora en La Manga

ANSE denunció el día de ayer diferentes actuaciones urbanísticas que se han desarrollado en el interior de la única microrreserva de flora propuesta por la Comunidad Autónoma en La Manga del Mar Menor, destruyendo un 25 % de su superficie inicial (0,5 ha frente a las 2 ha totales). En concreto, se ha ejecutado una calle que parte la microrreserva en dos y se está procediendo a la construcción de un chalet en primera línea del Mar Mediterráneo. Asimismo, se ha instalado un bar portátil y una caseta de obra sobre los últimos retazos de arenal existentes en la Playa Snipes, frente al casino de La Manga.

Las actuaciones han afectado a un número no evaluado de ejemplares de zanahoria marítima (Echinophora spinosa), pero conviene destacar que la microrreserva propuesta albergaba, según datos de la propia comunidad Autónoma, el 90 % de la población de esta especie protegida. La zanahoria marítima (Echinophora spinosa) es una especie catalogada como Vulnerable por el Decreto 50/2003. Esta especie se distribuye en la Región por las riberas del Mar Menor no urbanizadas, pero la única población con un número apreciable de ejemplares se encuentra en el interior de la microrreserva propuesta por la Comunidad Autónoma en La Manga.

La Asociación ha remitido sendas denuncias ante la Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de San Javier pidiendo la paralización de las obras.

ANSE lamenta que las Administraciones hayan sido incapaces de conservar ni siquiera 2 hectáreas de arenal con especies en grave peligro de extinción. A juicio de ANSE, la responsabilidad por tales hechos corresponde tanto a la Comunidad Autónoma (que ha sido incapaz de garantizar la conservación de un enclave destacado por la propia Dirección General de Medio Ambiente) como al propio Ayuntamiento de San Javier (que debería garantizar la ausencia de afecciones sobre la flora protegida de los desarrollos urbanísticos).

Mas info relativa a Echinophora spinosa (1,2)

Polaris promueve más de 60 apartamentos turísticos en el límite con el espacio protegido Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar.

ANSE denuncia igualmente que hace varias semanas la empresa Polaris World ha iniciado la construcción de más de 60 apartamentos a orillas del Mar Menor, en el tramo norte de La Manga, lindando con la zona de conservación prioritaria de Las Encañizadas, en el Parque Regional, LIC, ZEPA, Humedal de Importancia Internacional Ramsar y Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar.

Paradójicamente, la urbanización se denomina “Arenales del Mar Menor”, hábitat que contribuye a destruir a pesar de utilizarlo como reclamo publicitario. La urbanización se realiza en dos fases de 22 y 44 apartamentos cada una, donde la normativa urbanística permitía la construcción de viviendas unifamiliares.

La obra fue informada favorablemente por el Concejal de Medio Ambiente del anterior gobierno municipal a finales de mayo, y aprobada a finales de julio por el nuevo equipo de gobierno.

Polaris ha aprovechado que las Normas Subsidiarias del Término Municipal de San Javier permiten aumentar la edificabilidad aprobada en la zona para la realización de instalaciones hoteleras, multiplicando por 10 el número de viviendas que pueden construirse en la zona presentándolas como apartamentos turísticos, y construyendo en tres alturas junto al mismo límite del Parque Regional. Los apartamentos se encuentran a la venta por precios comprendidos entre los 120.000 y los 200.000 €, como puede comprobarse en la página web..A pesar de su proximidad a una zona de gran fragilidad y elevado valor natural, no consta en el expediente del Ayuntamiento que se haya realizado una evaluación de repercusiones sobre la Red Natura 2.000, ni se haya solicitado informe a la Dirección General de Medio Ambiente (antes de Medio Natural).

Sin embargo, constan sendos informes técnicos del mismo Ayuntamiento en el expediente en los que advertían que, dada la proximidad a un espacio de la Red Natura 2000, “por el órgano ambiental (la Dirección General de Planificación, Evaluación y Control Ambiental) debe decidir sobre la necesidad de que el proyecto deba someterse a evaluación ambiental”.

ANSE ha pedido al Ayuntamiento de San Javier que paralice las obras de la primera fase de la urbanización, y que no conceda licencia definitiva a la segunda. Las licencias fueron solicitadas inicialmente por Hacienda Riquelme S.L y Polaris World Development, S.L., que se fusionaron posteriormente en Polaris ¨World Real State, S.L. y ahora se ha solicitado la subrogación de la licencia a nombre de Sand Paradise, S.L perteneciente también al parecer al Grupo Polaris.

Igualmente, ANSE ha pedido a la Consejería de Presidencia que respalde la paralización de las obras por su afección a un espacio de la Red Natura 2000, y obligue a la empresa a realizar una evaluación de las repercusiones ambientales del proyecto.

La Asociación de Naturalistas del Sureste denuncia que, mientras desde la Consejería de Presidencia de la Comunidad Autónoma se anuncia la aprobación de una nueva Ley de Protección del Mar Menor (cuando en 2001 derogó la de Protección y Armonización de Usos), la misma Comunidad Autónoma y el único término municipal de La Manga que conserva aún unas pocas parcelas sin urbanizar, San Javier, aprueban nuevos proyectos urbanísticos que destruyen los últimos arenales y aumentan la presión sobre los espacios protegidos.

ANSE lamenta especialmente las declaraciones del Consejero de Turismo de la Comunidad Autónoma, anunciando una campaña para mejorar la imagen del Mar Menor y La Manga, en lugar de preocuparse porque su misma Consejería apoya el aumento de edificabilidad para favorecer a una empresa como Polaris Word, que ha visto como muchas de sus promociones han sido embargadas por los bancos por falta de pago.

La Asociación teme que otras empresas constructoras promuevan actuaciones similares en el tramo norte de La Manga, proponiendo apartamentos turísticos donde se autorizan viviendas unifamiliares para lograr más edificabilidad, aunque las construcciones se venderán a particulares.

La entrada de fondos públicos para “salvar” la CAM, que será aún mucho mayor de lo previsto inicialmente, debe servir para poner fin a su huida hacia adelante

Las organizaciones ecologistas ANSE[1], CEMDA[2], Ecologistas en Acción y Greenpeace han vuelto a reclamar al Banco de España que investigue a fondo las relaciones entre la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y la promotora Hansa Urbana, y que ponga fin a los proyectos inmobiliarios y turísticos de esta empresa respaldados financieramente por la CAM.

En el mes de julio de este año, y ante la caótica situación de la CAM, la entidad fue intervenida por el Banco de España, que relevó a su cúpula directiva y nombró a tres interventores para proceder al estudio de sus cuentas y a su saneamiento mediante la inyección de fondos públicos. El objetivo es el saneamiento para proceder posteriormente a la subasta.

Desde que los interventores comenzaron su trabajo, los medios de comunicación no han dejado de publicar información sobre la nefasta gestión llevada a cabo en esta caja de ahorros, y que incluye desde créditos voluminosos y a interés cero a sus directivos (120 millones), hasta inversiones ruinosas como la del Parque temático Terra Mítica, o una elevadísima tasa de sobre-exposición al “ladrillo” en forma de inversiones y créditos a empresas inmobiliarias y constructoras, ahora de muy difícil recuperación. Otro ejemplo es que, sólo dos días antes de su intervención, la CAM aprobaba un nuevo préstamo por 200 millones a la Generalitat Valenciana. La CAM perdió 1.136 millones de euros en el primer semestre de 2011.

Ante esta situación, la entrada de capital público tendrá que ser muy superior a los 2.800 millones de euros del FROB inicialmente previstos, ya que la incertidumbre está llevando a que sean muy escasas las ofertas presentadas para quedarse con la entidad. Así, el Banco de España se ha ofrecido a asumir la mayor parte de las pérdidas futuras en el Esquema de Protección de Activos. Y cuando esto tampoco ha sido suficiente, ha anunciado que las entidades no tendrán que tener capital en sus balances para cubrir la morosidad en el ladrillo, que también será asumida con fondos públicos (el 80% de los primeros 2.500 millones que aparezcan y el 90% del resto). Todo ello significa unos 7.000 millones, de los que unos 4.200 son proporcionados a fondo perdido incluso aunque logre venderse la Caja.

En este contexto, las organizaciones ecologistas denuncian las relaciones de la CAM con Hansa Urbana, empresa promotora inmobiliaria y turística y envuelta en numerosos proyectos de dudosa legalidad y alto impacto ambiental, tanto en España como en México.

En la Región de Murcia, Hansa Urbana es propietaria mayoritaria e impulsora de tres grandes desarrollos urbanísticos y planes parciales que, en conjunto, supondrían la construcción de unas 20.000 viviendas, en los proyectos de Novo Carthago (Cartagena, Mar Menor), Puerto de Mazarrón y Puntas del Calnegre (Lorca). “La empresa es, muy posiblemente, la mayor propietaria de suelo residencial en las planicies costeras de la región, y todos sus proyectos se localizan en el límite de zonas protegidas (aunque la mayoría están ahora paralizados por problemas legales y por el desplome de la burbuja inmobiliaria)”, señala Pedro García, de ANSE.

En México, su proyecto más controvertido es Cabo Cortés, un macro-proyecto inmobiliario y turístico que la empresa planea construir en Baja California Sur. Cabo Cortés tiene un tamaño previsto prácticamente igual al conjunto de Cancún, y su ubicación limita con el Parque Nacional Marino de Cabo Pulmo, un área protegida desde 1985 y que ha sido incluida en la lista del Patrimonio Natural de la Humanidad de la UNESCO. “Durante su tramitación se han producido numerosas irregularidades y tenemos que seguir denunciando que viola claramente la normativa medioambiental mexicana”, denuncia Agustín Bravo, de CEMDA.

La CAM es propietaria del 30% de Hansa Urbana, pero al mismo tiempo la empresa mantiene con la CAM una deuda que diferentes medios de comunicación han estimado que podría oscilar entre 700 y 800 millones de euros. Por otro lado, en el año 2009 la CAM realizó dos inversiones correspondientes a Hansa Urbana en México: 1,3 millones de euros en Hansa Cabo (en la que la CAM tiene una participación del 42,29%), y 574.000 euros en Hansa México con una participación del 20%). La Caja, por tanto, está participando en las inversiones de Hansa en México. “El Banco de España tiene que investigar estos vínculos y poner fin a estos proyectos, que no son sostenibles ni en términos sociales ni medioambientales”, reclama Alejandro Olivera, de Greenpeace.

Las organizaciones ecologistas quieren recordar al Banco de España que en su análisis de las irregularidades contables de la CAM ha de incluirse su relación con Hansa Urbana y con estos nefastos proyectos en España y en México, tomando medidas para que estos planes irresponsables no sigan adelante bajo ningún concepto. Y menos aún, cuando esas irregularidades van a obligar a inyectar grandes cantidades de fondos públicos, muchos más de los que estaban previstos, para “salvar” la entidad y poder sacarla a subasta. “Estos proyectos son una locura incluso cuando están impulsados por la iniciativa privada. Pero el uso de los impuestos de los ciudadanos para sanear a empresas irresponsables y permitirles continuar en su huida hacia adelante ya sería completamente inadmisible”, ha señalado Carlos Arribas, de Ecologistas en Acción.

Por otro lado, la Asociación lamentó la ausencia de la Dirección General de Medio Ambiente pues como organismo que ha dictado la Orden, debería velar por su correcta aplicación y desarrollo. Asimismo, ANSE solicitó nuevamente (ya lo ha hecho ante la Consejería de Presidencia) la certificación y localización de los daños que permiten la declaración de la emergencia cinegética sin que estos datos fuese presentados ni cuantificados. La Asociación no pone en duda que en lugares muy concretos se produzcan daños a la agricultura, pero la Orden ha establecido la excepcionalidad como norma, lo cual es un disparate desde el punto de vista legal y ecológico.

Otro aspecto solicitado por la ANSE fue la necesidad de que las capturas en terrenos no cinegéticos (fuera de los cotos de caza) sean objeto de seguimiento estadístico (aspecto no incluido en la Orden).

Finalmente y a propuesta de ANSE, el Ayuntamiento de Lorca solicitará a la Comunidad Autónoma que la Orden se aplique únicamente en los terrenos no cinegéticos incluidos en las Unidades de Demanda Agraria (UDA) del Valle del Guadalentín, es decir, en los terrenos de regadío intensivo. Lamentablemente y en el caso de los terrenos cinegéticos, la Orden permite su aplicación en las zonas de seguridad de cualquier coto de caza independientemente de su localización (incluso en áreas protegidas) y de los daños que existan en la zona (no es necesario certificar daños).

Por otro lado, ANSE ha llamado la atención sobre los daños que están produciendo especies cinegéticas alóctonas como el arrui y que deberían dar lugar a un control sobre este ungulado.

La CAM posee el 30% del capital de Hansa, implicada en proyectos inmobiliarios y turísticos de dudosa legalidad y elevado impacto ambiental en España y México

Las organizaciones ANSE, CEMDA, Ecologistas en Acción y Greenpeace de España y México han reclamado al Banco de España que investigue los vínculos entre la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y la promotora inmobiliaria y turística Hansa Urbana, implicada en varios proyectos dudosos o fallidos de carácter turístico e inmobiliario. También han reclamado que la entrada de fondos públicos para sanear la caja suponga el fin inmediato a esos proyectos especulativos y depredadores del medio ambiente.

La CAM posee el 30% de las acciones de Hansa Urbana y siempre ha atendido las peticiones de financiación planteadas por la empresa. En diciembre de 2006, por ejemplo, le concedió un crédito de 95 millones de euros para adquirir los terrenos del megaproyecto Novo Cartagho, en Murcia (hoy paralizado). Según las estimaciones publicadas por varios medios de comunicación, las líneas de crédito de Hansa Urbana con la CAM oscilan entre 700 y 800 millones de euros en total.

La empresa alicantina Hansa Urbana se dedica a la construcción y los negocios inmobiliarios, con especial atención a los lotes turísticos mixtos compuestos por hoteles, campos de golf y segundas residencias. Aunque ha actuado en diversas zonas del territorio español y en el extranjero, las regiones donde se ha concentrado la mayor parte de su actividad (y donde todavía tiene la mayoría de sus activos, así como de sus proyectos retrasados o fallidos) son la Comunidad Valenciana y Murcia.

En Murcia, Hansa Urbana es propietaria mayoritaria e impulsora de tres grandes desarrollos urbanísticos y planes parciales que pretenden la construcción de unas 23.000 viviendas: Novo Carthago, Puerto de Mazarrón y Puntas del Calnegre. Muy probablemente, la empresa es la mayor propietaria de suelos residenciales en las planicies costeras de la región, aunque casi todos sus proyectos se localizan en el mismo límite de espacios protegidos. Debido al desplome de la “burbuja” inmobiliaria y a varios problemas legales, la mayoría de sus proyectos se encuentran paralizados.

 “Los excesos urbanísticos impulsados por Hansa Urbana en diversos puntos de la costa mediterránea española, con el apoyo de responsables políticos y de la CAM, han contribuido a la ruina de la entidad bancaria. La intervención del Banco de España debe ir acompañada de la investigación de las relaciones entre la CAM y Hansa, y la revisión de dichos proyectos”, reclama Pedro García, de ANSE.

 Hansa y la CAM en México

La expansión internacional de Hansa Urbana comenzó en México en 2005 con el proyecto Nuevo Cancún. En 2007 compró 3.850 hectáreas en Baja California Sur, donde pretende poner en marcha el macroproyecto inmobiliario y turístico llamado Cabo Cortés. Con un tamaño en habitaciones de hotel y viviendas similar al conjunto de Cancún, el proyecto cuenta con otros ingredientes como campos de golf, puerto deportivo, aeropuerto privado, etc. Cabo Cortés se encuentra en la zona colindante al Parque Nacional Marino de Cabo Pulmo, una zona protegida desde 1985 y que es Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO, debido a su incalculable valor ecológico.

Precisamente por ello, y por los daños irreversibles que podría causar al mismo, tanto las comunidades de la zona como organizaciones ecologistas, académicos, etc., han expresado en reiteradamente su oposición a este proyecto, que se encuentra paralizado a la espera de que se aclaren cuestiones relativas a su impacto en el medio ambiente.

“Cabo Cortés es un caso flagrante de incumplimiento de la normativa medioambiental mexicana, y por ello estamos presentando diversos recursos legales y pidiendo a las autoridades que anulen de forma definitiva el proyecto”, afirma Agustín Bravo, de CEMDA.

Las organizaciones resaltan que la CAM no es ajena a las “aventuras” de Hansa Urbana en México ya que su informe anual de gobierno corporativo en 2009 muestra algunos datos interesantes en este sentido (1).

 La CAM es perfectamente consciente del proyecto de Cabo Cortés y de sus posibles riesgos, a tenor de la intervención de su directora general, María Dolores Amorós, en la Asamblea de la entidad en junio de 2010. Cuando los representantes sindicales preguntaron a la caja acerca del potencial impacto de Cabo Cortés, Amorós afirmó que se trata de un proyecto que cumple con la legalidad y respeta el medio ambiente, y que la caja “estará vigilante para que ello siga siendo así”. “Greenpeace, Ecologistas, CEMDA y ANSE, y muchas otras organizaciones españolas y mexicanas, estamos en condiciones de afirmar que no es así, y que el proyecto en ningún modo respeta la legalidad ni el medio ambiente”, señaló Alejandro Olivera, de Greenpeace México.

Por todo ello, y ante la intervención del Banco de España en la CAM, y las noticias aparecidas sobre irregularidades diversas en su gestión, las organizaciones han remitido una carta al gobernador del Banco de España para llamar su atención hacia estas irregularidades (y en algunos casos ilegalidades) urbanísticas y medioambientales.

Las organizaciones reclaman que se investiguen hasta el final estas inversiones y proyectos y que se dé a conocer y se ponga fin a la irresponsable gestión en esta materia que hasta el momento han llevado a cabo los equipos directivos de la CAM. Dado que el Banco de España se ha visto obligado a intervenir la Caja y a inyectar fondos públicos en sus balances, actualmente es la entidad mejor situada para asumir esta responsabilidad.

 “Hemos solicitado una reunión con los nuevos consejeros de la CAM nombrados por el Banco de España, y esperemos poder tener toda la información relativa a la situación actual de Cabo Cortés”, afirmó Carlos Arribas, de Ecologistas en Acción.

 La carta, enviada hoy al presidente del Banco de España y a los administradores de la CAM nombrados por esta entidad, ha sido también entregada en la Embajada de España en México.

 NOTA:

(1) De sus 25 inversiones en proyectos empresariales, dos corresponden a Hansa Urbana en México: 1,3 millones de euros para Hansa Cabo, SA de CV, en el que la Caja tiene una participación del 42,29%, y otro de 574.000 euros para Hansa México, SA de CV, con una participación del 20%. Asimismo en 2006 le había concedido préstamos por 65 y 139 millones de euros, con lo que la Caja está participando en las inversiones de Hansa Urbana en México. También se ha relacionado con esta “aventura” mexicana el fallido y ruinoso negocio de comprar la sociedad mexicana Crédito Inmobiliario, algo que hasta el momento y según diversas informaciones le ha costado a la CAM cerca de 300 millones de euros.

Miembros de la Asociación de Naturalistas del Sureste han comprobado cómo una empresa agrícola ha procedido a la roturación de casi medio centenar de hectáreas en primera línea de costa en las proximidades de la pedanía de Cañada Gallego. La roturación ha afectado irreversiblemente a la vegetación y relieve de la zona. La Asociación ha pedido a diversas Administraciones que investiguen los hechos y que se proceda a la restitución de los terrenos.

 La Asociación de Naturalistas del Sureste ha remitido denuncias a la Confederación Hidrográfica del Segura, a la Demarcación de Costas en Murcia, a la Consejería de Agricultura y Agua y al Ayuntamiento de Mazarrón solicitando que se proceda a investigar las roturaciones realizadas, al parecer, por una conocida empresa agrícola de Mazarrón en primera línea de costa, para destinar probablemente tales terrenos a la creación de nuevos regadíos.

 Las obras denunciadas han afectado a una superficie de aproximadamente medio centenar de hectáreas y ha supuesto la destrucción de un tramo de costa que había sobrevivido a las roturaciones realizadas hasta ahora, afectando incluso a porciones del dominio público marítimo-terrestre. ANSE denuncia que el paisaje litoral se ha visto gravemente afectado, destruyendo una de las porciones de costa más atractivas y visitadas por bañistas del término municipal de Mazarrón fuera de las áreas protegidas.

 Además, las roturaciones han supuesto la destrucción irreversiblede formaciones vegetales como matorrales arborescentes de Ziziphus lotus o tomillares ricos en endemismos botánicos. Asimismo, la roturación ha afectado a diversas especies de flora protegidas por el Decreto 50/2003 tales como Periploca angustifolia (cornical) y Lycium intricatum (cambrón). Tanto la cartografía catastral como la cartografía del 3 er Inventario Forestal ponían de relieve el carácter de monte de la zona afectada por las roturaciones.

Parte de la zona afectada está calificada en el Planeamiento Urbanístico de Mazarrón como Urbanizable (Costa Poniente de Mazarrón), aunque otra está catalogada como Sistema General de Espacios Libres. En torno a la llanura costera de Cañada de Gallego y su entorno se han planteado a lo largo de los últimos años diversos proyectos urbanísticos, que junto a las roturaciones para nuevos cultivos intensivos amenazan con acabar con un paisaje que conserva aún rincones de gran interés y potencialidad para su recuperación ambiental y aprovechamiento turístico no masificado.

 ANSE considera que estas roturaciones no tienen justificación alguna, ya que en el término municipal de Mazarrón existen amplias extensiones de terrenos agrícolas de mayor calidad agronómica que han sido abandonados o están en proceso de hacerlo.

 Por todo lo anterior, la Asociación considera que debe abrirse una investigación que determine las responsabilidades oportunas y ha solicitado que se proceda a la restitución de los terrenos afectados.