ANSE y GREENPEACE urgen a Valcárcel a declarar la caducidad de la concesión para las obras de Puerto Mayor

Las organizaciones muestran su satisfacción ante la decisión del TSJRM, ya que respalda las peticiones realizadas en su día al Gobierno murciano.

La sentencia considera no ajustada a derecho la denegación por silencio administrativo de la solicitud de declaración de caducidad de la concesión y la denegación de la declaración de nulidad de pleno derecho de la resolución de la Dirección General de Carreteras de diciembre de 1988, que acordó ampliar el plazo de ejecución del puerto y aprobó las modificaciones del proyecto.

Las organizaciones recuerdan que el presidente de la Comunidad, Ramón Luís Valcárcel, se ha negado de forma sistemática a cumplir con su responsabilidad en la tramitación de este proyecto. Ambas organizaciones se dirigieron por escrito a Valcárcel en mayo de 2005 para pedirle que ejecutara la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de julio de 2002, que declaraba que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia debía tramitar un procedimiento de Revisión de Actos Nulos para declarar la caducidad de la concesión de Puerto Mayor, ya que dicha concesión era contraria a lo establecido en la Ley de Costas.

Contra la desestimación por silencio administrativo del presidente Valcárcel, ANSE y Greenpeace, que en enero de 2005 paralizaron mediante una acción las obras de construcción del puerto y demandaron al Ministerio de Medio Ambiente la presentación de un recurso ante los tribunales (el que se ha resuelto ahora), interpusieron un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, pendiente de resolución.

Las organizaciones lamentan que en una situación como la actual, caracterizada por la crisis económica y la inestabilidad, la conservación de los últimos recursos naturales costeros disponibles en lugares tan presionados como el Mar Menor, siga sin ser una prioridad. Aumentar indefinidamente el número de embarcaciones y puertos solo contribuirá a aumentar la presión y la degradación de este entorno único en la costa mediterránea española, y la inestabilidad del mismo modelo económico.

Entre tanto, el Mar Menor continúa sin ver definitivamente aprobado el Plan de Ordenación de Recursos Naturales.

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