ANSE y Greenpeace denuncian la falta de imparcialidad del ingeniero del caso Puerto Mayor

El perito “independiente” que recomendó la continuidad de las obras trabaja para la Comunidad Autónoma en proyectos de puertos deportivos.

El ingeniero José Luís Monsó de Prat, experto “independiente” al que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia encargó un informe en el caso de Puerto Mayor, y que recomendó la continuidad de las obras del puerto, trabaja para la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en los proyectos de puertos deportivos de Portmán y Marina de Cope. ANSE y Greenpeace denuncian la falta de imparcialidad del experto “independiente” y piden su recusación.

Según la información de ambas organizaciones, la Comunidad contrató a la empresa Europrincipia, de la que es consejero delegado Monsó de Prat, para el proyecto de construcción del puerto deportivo de Portmán, del que el ingeniero es autor. Curiosamente, en la documentación de este puerto, sometida a información pública, se observa que el estudio económico financiero (1) de viabilidad del puerto de Portmán es en realidad del “Puerto Deportivo de Marina de Cope”, en cuya redacción también trabaja Monsó de Prat.

El ingeniero José Luís Monsó, que había sido propuesto por el Colegio de Ingenieros de la Región de Murcia, elaboró un informe pericial para la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia el 14 de febrero de 2008. En su informe recomendaba la continuación de las obras del dique sur, motas y cerramientos, dragado del Canal del Estacio y todas las obras interiores, lo que permitiría la construcción prácticamente completa de Puerto Mayor, con capacidad para unos 950 barcos.

Tras la acción de protesta de ANSE y Greenpeace en enero de 2005, en la que paralizaron las obras del puerto, las organizaciones interpusieron un recurso contencioso administrativo contra la autorización de la Comunidad Autónoma para la construcción de Puerto Mayor. Este recurso se tramita de forma paralela al recurso interpuesto por el Gobierno del Estado, ya que el TSJ decidió que no se unieran. La Sala Primera del TSJ acordó la paralización cautelar de las obras del puerto, supeditada a un informe posterior que determinara las obras podían seguir y las que quedaban paralizada hasta que llegue al fallo definitivo.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ acordó, de hecho, el levantamiento de la suspensión de las obras, aunque éstas no han continuado tras el recurso presentado por el abogado del Estado. El mismo José Luís Monsó remitió a la Sala un escrito, fechado el 19 de septiembre de 2008, de respuesta a las alegaciones presentadas por el abogado del Estado. En estas fechas trabajaba igualmente para la Comunidad Autónoma en el proyecto del puerto deportivo de Portmán.

El abogado de las organizaciones Greenpeace y ANSE presentará en los próximos días ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia un escrito pidiendo la recusación del perito, por existir causa de incompatibilidad al estar trabajando para la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, así como la anulación de todas las actuaciones judiciales en las que haya intervenido.

Greenpeace y ANSE ya manifestaron hace meses que el informe pericial resultaba sesgado, no tenía en cuenta los efectos ambientales ni la destrucción del litoral, y se extralimitaba en recomendar la continuación de las obras.

Las organizaciones consideran otro buen ejemplo de la extralimitación del informe pericial la sugerencia planteada sobre un posible acuerdo entre las administraciones implicadas para la finalización de las obras, dependiendo de lo que ocurriera con el fallo judicial.

ANSE y Greenpeace consideran que la autorización de la continuación de las obras hace prevalecer el interés privado de la empresa concesionaria del puerto al interés público de conservar los aproximadamente 700 m de playa y los últimos arenales de la zona norte de La Manga aún sin urbanizar. Además, consideran que este levantamiento permitiría de hecho la construcción de la casi totalidad del puerto, cuya legalidad está pendiente de resolución definitiva.

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